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Sábado , 20 octubre 2018

Qué está pasando en materia de desfinanciación para la educación pública y para los procesos de ciencia y tecnología

QUÉ ESTÁ PASANDO EN MATERIA DE DESFINANCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PARA LOS PROCESOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Desde el año 1992 cuando se promulga la ley 30 hasta ahora la situación de las Universidades públicas colombianas ha cambiado drásticamente en cuanto al nivel de formación de los docentes, el número de estudiantes, la cobertura de programas y la incidencia de las Instituciones en temas de Ciencia, Tecnología e innovación. No se puede desconocer el crecimiento que las Universidades han tenido y también es evidente la cantidad de estrategias que anualmente estas Instituciones deben adoptar para permitir su funcionamiento bajo condiciones de calidad.

La grave crisis que actualmente enfrentan las Universidades colombianas y en general los procesos de ciencia y tecnología se concentra principalmente en la inadecuada financiación y en el recorte presupuestal que se acrecienta anualmente. Entre otros, estos son algunas de las razones que llevan a que en este momento las Instituciones oficiales de Educación Superior se encuentran adelantando un gran movimiento nacional en defensa de la Universidad pública atendiendo a las nuevas realidades.

En 1993 se hizo desde el Ministerio de Educación Nacional una asignación de recursos al presupuesto de las Universidades públicas considerando la situación que las Instituciones tenían en ese momento (número de estudiantes, número de docentes, nivel de formación de los docentes, puntaje en hoja de vida, entre otras). Desde 1993 hasta ahora anualmente los recursos asignados a cada universidad oficial corresponden al mismo presupuesto de 1993 indexado por el IPC, es decir, se considera que las Universidades se han mantenido estáticas. La realidad es otra:

1. EN NÚMERO DE ESTUDIANTES Y COBERTURA:

La financiación se sigue realizando en concordancia con el número de estudiantes, facultades y programas que existían en el año 1993, sin embargo la situación real es en resumen la siguiente:

– Entre 1993 y 2017 se ha incrementado la cobertura en pregrado en un 350%, pasando de 160.000 estudiantes a 560.000. Para el caso de los postgrados, el número de programas también ha cambiado drásticamente entre esos dos periodos: se pasó de un promedio de 2 maestrías por Universidad a 10 en el momento y de unos pocos doctorados a nivel nacional a tres por cada universidad en presente año.

– Las Universidades deben satisfacer las necesidades del entorno en materia educativa, de modo que se requiere la inclusión de una oferta académica pertinente en las distintas regiones de la geografía colombiana.

– Los programas regionales y los nuevos programas en las sedes principales que surgieron luego de 1993, no se encuentran contemplados en los recursos que se asignan a las Universidades. Sin embargo, las Instituciones en aras de cumplir con su función misional de formación académica realizan incesantes esfuerzos presupuestales para llegar a las regiones y ofrecer una diversidad de oferta académica acorde con el desarrollo del país y del mundo.

– El crecimiento en diversidad y número de programas, al igual que la existencia de una población estudiantil que ha crecido más de tres veces, obligatoriamente conlleva a la adecuación y construcción de nueva infraestructura y a su dotación. Aunado a lo anterior, se hace necesario disponer de una planta docente, administrativa y de servicio mayor, de modo que se garantice el funcionamiento de las Universidades en su nueva realidad.

2. EN LA PLANTA DOCENTE:

En el año 2003, se promulgó el decreto 1279 de 2003, a través del cual se estableció un régimen salarial para los docentes de Universidades públicas, en él se incluyeron factores como la productividad académica y los títulos. Estos factores han mejorado la visibilidad de las Universidades y en general sus indicadores, han llevado también a que en los salarios de los docentes se genere un incremento real adicional cercano al 3%, como lo señala el Rector de la Universidad Nacional de Colombia. Este incremento no se reconoce por parte del estado colombiano ni se gira a las universidades anualmente, y por lo tanto, debe ser cubierto con recursos propios de las Universidades. Algunos de los cambios trascendentales respecto a los docentes y que afectan financieramente son:

– El nivel de formación de los docentes en 1993 era mayoritariamente de profesionales y especialistas, existían muy pocos magisters y la formación doctoral estaba apenas iniciando en las universidades. Actualmente con la inversión de recursos propios de las Universidades se han capacitado a los docentes a nivel nacional e internacional y la tendencia es hacia la formación doctoral. En nuestro caso particular, pasamos de 3 doctores en 1993 a 98 en 2017, sin contar los 35 profesores que se encuentran en comisión de estudios de doctorado.

– Las condiciones de calidad exigidas para la renovación de registros calificados y acreditación sugieren a los distintos programas incrementar el número de docentes de tiempo completo, fortalecer la formación académica e incrementar la productividad. Esto lleva a que las Universidades con sus propios recursos promuevan la formación doctoral y de maestría e implementen acciones para mejorar los

Índices de productividad. Como se indicó, en virtud del decreto 1279, esto conlleva a un incremento salarial que no se gira a las Universidades y por lo tanto se debe asumir con recursos propios.

– La nueva formación académica de los docentes y su interacción con grupos e instituciones externas, ha llevado a incrementar el número de grupos de investigación y por ende también la productividad académica. En la Universidad de Nariño pasamos de 3 grupos en 1993 a 58 en el año 2017, todos ellos escalafonados o reconocidos por COLCIENCIAS.

– La falta de financiación adecuada para los nuevos programas académicos y para el incremento de cobertura, así como los costos adicionales que deben asumir las Universidades por re-evaluación de hoja de vida, lleva a que cada vez se disponga de un menor número de docentes de tiempo completo y a que incremente la proporción entre docentes de hora cátedra vs tiempo completo. En nuestro caso, esta relación es 1.8 HC/1 TC y en otras Universidades es mucho mayor.

3. EN PLANTA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

– No se ha contemplado en la nueva realidad de las universidades los requerimientos en personal administrativo y de apoyo, las plantas se mantienen congeladas.

– Los recursos adicionales requeridos para el personal administrativo que soporta el desarrollo de las Universidades Públicas, se deben asumir con recursos propios.

– Existe un justo reclamo por la formalización de las plantas de empleos, sin embargo, la desfinanciación, lleva a que las Universidades deban tomar con prudencia las decisiones en este aspecto.

4. EN INVERSIÓN:

– Los avances en ciencia y la tecnología, así como la creación de nuevos medios educativos, incluyendo las TIC, hace que necesariamente las Instituciones de Educación Superior deban realizar esfuerzos para adecuarse a los cambios, no quedar rezagadas y brindar una formación de profesionales competitivos en los ámbitos nacionales e internacionales.

– El crecimiento en número de estudiantes y programas y la presencia en diferentes regiones, como se indicó anteriormente implica que se deban hacer inversiones importantes en infraestructura y dotación.

Situación que no se encuentra contemplada en los recursos asignados por el estado colombiano desde el año 1993.

– La inversión que realizan las Universidades públicas se lleva a cabo con recursos propios o a través de la gestión de las administraciones, el desarrollo de convenios de cooperación y las contrapartidas de los proyectos de investigación, entre otros. Sin embargo, en el año 2013 hubo un pequeño alivio:

Se asignaron a las Universidades para inversión recursos provenientes del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, con lo cual se permitía financiar aspectos relacionados con infraestructura, investigación, capacitación docente, permanencia y graduación y regionalización, siempre y cuando los gastos de cada proyecto no fueran recurrentes. Estos recursos se recibieron hasta el presente año, cada vez se asignó una cantidad menor y no se recibirín a partir del año 2018 ya que fueron incorporados al impuesto sobre la renta. Con esta disminución no será posible dar continuidad a las inversiones proyectadas y se obliga a gestionar nuevamente recursos para cubrir los requerimientos académicos que se pudieron soportar durante cuatro años.

Como se ha indicado, lastimosamente el funcionamiento de las Universidades públicas no se financia de modo adecuado y atendiendo a su nueva realidad, los recursos que envía el estado colombiano no se han incrementado realmente en razón a la cobertura, el incremento en número de estudiantes, la formación docente y la productividad académica, únicamente se ha incrementado el IPC desde el año 1993 hasta la fecha. Por lo tanto, las Universidades públicas con recursos propios y en algunos casos, con los pocos recursos provenientes de los entes territoriales deben asumir los costos adicionales, llegando anualmente a financiar más del 20% de su funcionamiento, cifra que va en aumento cada año. De la misma manera tampoco se contemplaron de modo adecuado los recursos para inversión y se han eliminado los aportes con los cuales se contaba (CREE) a futuro, incluyéndolos como impuesto sobre la Renta.

El problema estructural es que los ingresos de las Universidades públicas incrementan con el IPC anual, pero contrariamente, se calcula que los gastos de funcionamiento crecen en una tasa anual de 4 puntos por encima de los aportes establecidos en la ley 30 de 1992. El incremento en los gastos obedece a dos grandes razones: 1) la aplicación del decreto 1279, sin que se giren los recursos correspondientes a los puntos por capacitación y producción académica; y 2) al aumento del salario por encima del IPC que para los años 2012, 2013 y 2014 no tuvo respaldo económico por parte del estado.

OTROS ASPECTOS PARA ANALIZAR

1. LAS NUEVAS MEDIDAS DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Adicionalmente a los problemas de desfinanciación de las Universidades públicas mencionados, cabe destacar que hay otras medidas tomadas desde el estado colombiano y que ponen en desventaja a las Instituciones oficiales de Educación Superior, entre ellas se destacan:

– En los últimos años, se ha privilegiado la destinación de recursos para créditos educativos y programas enfocados a premiar la excelencia académica, con lo cual igualmente se presenta una tendencia a subsidiar la demanda en lugar de favorecer la oferta.

– A través de los programas de excelencia y créditos educativos se giran a las Universidades públicas y privadas los costos por estudiante. En tal sentido, existe una seria desventaja para las Universidades públicas cuyo valor promedio de matrícula es de $ 950.000 frente a las Universidades privadas que en promedio tienen un valor de matrícula de $ 9.5 millones de pesos. Para el caso particular de la Universidad de Nariño el valor promedio de matrícula es de $180.000 y el costo semestral que asignaría el Ministerio de Educación a un joven financiado por los programas de excelencia como Ser Pilo Paga sería de 3.600.000, cifra evidentemente muy inferior al costo de un estudiante de Universidad privada cuyo valor se encuentra por encima de los $ 15.000.000.

– Entre los años 2011-2013 se asignaron recursos equivalentes a 4% del presupuesto de las Universidades, esta situación generó un equilibrio temporal entre ingresos y gastos durante ese periodo, considerando lo que se anotó anteriormente: los ingresos crecen con IPC y los gastos están aproximadamente 4 puntos por encima. Sin embargo, esos recursos adicionales se eliminaron posteriormente y se creó mediante la Ley 1607 el impuesto CREE que se debería distribuir para financiación específica en inversión, no en funcionamiento. El aporte en CREE se modificó posteriormente de 0.4 a 0.6 puntos para financiar las instituciones de educación pública y los créditos de ICETEX. Los dos puntos adicionales de este impuesto en la práctica se orientaron al programa Ser Pilo Paga del ICETEX.

– Como se indicó los dineros de este impuesto ya no se recibirán a partir del año 2018 y se incorporarán al impuesto de renta.

– Como lo indica el Gerente Nacional, Financiero y Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, con la reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016) se esperaba que las Universidades públicas tuvieran un alivio a sus problemas de financiación, por las siguientes razones:

a) El artículo 184 que modificó el artículo 468 del Estatuto Tributario que se relaciona con el IVA indica que 0.5 puntos se destinarán a la financiación de la Educación Púbica. De estos 0.5 puntos, el 40% es para financiar la educación superior pública. Los recursos se deben distribuir en las 32 universidades oficiales y las 50 instituciones técnicas y tecnológicas del sector público. Se estima que estos recursos podrán ascender a 520 mil millones en un periodo de 3 a 5 años. Se debe destacar que el valor de los recursos destinados de esta bolsa, dependerá de la complejidad de la institución y del número de estudiantes.

b) El artículo 102 de la reforma tributaria modificó el artículo 243 del estatuto tributario, en este caso se establece que de los 9 puntos porcentuales del anterior CREE, que ahora se incorpora al impuesto de renta y que empieza a regir desde el 2017, 0.6 puntos se deben destinar para financiar las instituciones de educación superior y/o créditos beca a través del ICETEX. El valor de estos recursos se calcula en 600 mil millones de pesos.

Los créditos beca del ICETEX son la base para el programa Ser Pilo Paga. En conclusión, se tendrá una disminución de recursos para la educación superior y para el año 2018, las instituciones oficiales recibirán solamente 160 mil millones de pesos o el 25% de recaudos producto del beneficio del CREE, el resto de recursos se destinará para el programa antes mencionado(Apreciaciones del Gerente administrativo y financiero de la Universidad Nacional de Colombia).

c) El artículo 142 modificó el artículo 19-4 del estatuto tributario, el cual está relacionado con el impuesto sobre la renta de las cooperativas. Se indica que los recaudos deben destinarse a financiar la educación superior y se estima recaudar 60.000 millones de pesos en 2018, 90.000 millones en 2019 y 120.000 millones en 2020.

Con la implementación de la reforma tributaria se obtendrían entonces aproximadamente 1.2 billones de pesos correspondientes a IVA, producto del CREE e impuesto sobre la renta de las cooperativas. La mayor cantidad de recursos provendrán de la destinación específica y no necesariamente serán destinados a las instituciones públicas.

– A través del artículo 369 de la reforma tributaria se crea el Fondo del Servicio Integral de Educación Superior (FoSIES) cuya administración estará a cargo del ICETEX y tiene como objetivo la gestión de recursos del llamado Sistema de Financiación Contingente al Ingreso para ampliar el acceso y asegurar la permanencia estudiantil en Universidades acreditadas (tanto públicas como privadas). El FoSIES puede recibir los recursos del 40% del medio punto del IVA (Artículo 184) y los recursos también pueden destinarse a financiar los programas de excelencia académica y créditos beca a cargo del ICETEX. Los recursos se destinarían a financiar matrículas de estudiantes y no a proyectos de inversión de universidades.

2. LA FINANCIACIÓN PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La inversión para la innovación, la ciencia, la tecnología y, en general, la que se destina para fortalecer los procesos de investigación y formación de investigadores, cada día se ve más reducida, circunstancia que propicia la salida de jóvenes talentosos e investigadores reconocidos que se ven obligados a desarrollar su actividad profesional y postgraduada en otros lugares del mundo, incrementando el desarraigo y reduciendo la posibilidad de aprovechar su formación académica y capacidad de trabajo en favor de la sociedad colombiana.

El recorte presupuestal planteado para COLCIENCIAS para el año 2018 pone en serio riesgo la continuidad de los proyectos de Ciencia y Tecnología que le han aportado al país, minimiza la posibilidad de plantear nuevas estrategias de innovación y pone en desventaja a las regiones e Instituciones que no disponen de recursos para financiar las iniciativas de investigación enfocadas a la solución de problemas que están afectando, en buena medida, a las comunidades más vulnerables. De otra parte, la baja posibilidad de financiar la investigación básica influye directamente en un menor desarrollo de la investigación aplicada y, por ende, induce a un bajo impacto de la investigación en la superación de factores de atraso de la sociedad.

La disminución ostensible del presupuesto de COLCIENCIAS para el año 2018, no es consecuente con el demostrado compromiso de los investigadores de fortalecer la apropiación social del conocimiento entre los diferentes grupos sociales y las comunidades académicas, compromiso que ha generado logros que remiten a un trabajo arduo que atiende condiciones rigurosas de calidad. En realidad, Colombia ha sido un país que no dispone de un número importante de fuentes de financiación para la ciencia y la tecnología; los recursos limitados se asignan desde COLCIENCIAS a través de convocatorias públicas, o desde los escasos Institutos de investigación, la empresa privada y las Universidades con sus propios y limitados recursos. Esta situación impide que en el país el desarrollo y la promoción de la investigación alcance los niveles que todos esperamos, originándose un campo restringido en el que la visibilidad, difícilmente, sólo se logra con el esfuerzo personal e institucional de quienes tienen la posibilidad de acceder a los recursos, y en el que cada vez se truncan más las iniciativas planteadas por quienes retornan a nuestro territorio con formación académica de alto nivel.